¿Qué sucedió con las causas de Florencia Morales y Franco Maranguello?

En abril del 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio surgido por la pandemia en San Luis, dos muertes en comisarías provinciales sacudieron la vida de los puntanos y también a la fuerza de seguridad: la de Florencia Magali Morales (39) y la de Franco Maranguello (16).

Además de que ambos cuerpos fueron hallados en dependencias públicas en medio de irregularidades, hubo otra coincidencia y es que la Policía los notificó oficialmente como suicidios.

Esto siempre fue puesto en duda por parte de las familias. La repercusión y la falta de acción de la Justicia puntana llegaron a tal punto que intervinieron organismos nacionales, como la secretaría de Derechos Humanos, en el caso de Morales. También fue incluido en la lista de los femicidios más resonantes del país.

15 meses después, se sabe que hay efectivos señalados, incluso, indagados y que restan llevarse a cabo algunas medidas judiciales. A partir de allí ambas causas podrían avanzar hacia un posible cierre de la instrucción y saltar a un debate oral con imputados.

Los casos

Florencia Magalí Morales

La joven mamá, oriunda de Mendoza fue encontrada sin vida en una celda de la Comisaría de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril de 2020. Había sido detenida por circular un día que, debido a la norma de terminación de DNI que regía en ese momento, no le correspondía.

Recién 12 horas después la Policía le notificó a la familia que había sido detenida por “violar el aislamiento” y que se había suicidado.

Con el pasar de las semanas, el juez Penal que encabeza la investigación, Jorge Pinto fue cuestionado por irregularidades en el manejo y en el dictado de disposiciones.

Uno de los abogados que representa a la familia, Santiago Calderón Salomón, dialogó con El Chorrillero. Repasó en qué instancias está la causa y manifestó que el círculo familiar “está muy disconforme”.

“No hay que olvidar que planteamos un montón de medidas que se demoraron mucho. Por ejemplo, no se pudieron llevar a cabo algunas pericias por el avanzado estado de putrefacción que presentaba el cuerpo”, recordó el letrado.

En la actualidad la principal novedad es que solo uno de los cuatro oficiales apuntados se presentó a la ampliación de la indagatoria. Se trata de Reynaldo Clavero, en tanto que Marcos Ontiveros, María Argüello y Johana Torres decidieron no presentarse.

Anteriormente, todos se abstuvieron de declarar frente al magistrado y sus abogados requirieron una prórroga para reunir pruebas. “Hay otros responsables que estaban presentes en el lugar, que tienen su participación y que no fueron llamados”, transmitió Calderón Salomón.

Por otro lado, prontamente se llevará a cabo una reconstrucción del hecho que intentará descartar o reafirmar alguna de las hipótesis manejadas.

Así, puntualizó que de las filmaciones obtenidas se confirmó que Morales ingresó “voluntariamente” a la Comisaría y que, debido a la demora de la Justicia, no se logró dar con otros videos ubicados en las inmediaciones.

En tanto que los resultados de los estudios a los celulares, se encuentran en secreto de sumario.

“Llamaba la atención que no prosperará nada, que no haya ningún indagado, nada, a tal punto que se hace parte la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, algo que no es habitual que intervenga. A partir de allí avanzó”, señaló.

“Queremos que todos los responsables sean procesados y que se pase a juicio oral”, dijo.

Franco Maranguello

El chico fue detenido el 24 de abril en la puerta de su casa. La Policía dijo que “estaba en actitud sospechosa”, y que ese había sido en principio el motivo. Su muerte generó conmoción porque sucedió en la Comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes.

Desde ese entonces se llevaron a cabo medidas judiciales, aunque con cierta lentitud, según los seres queridos del menor. La investigación está a cargo de la jueza de Instrucción N° 3, Mirta Ucelay.

Hace algunas semanas la magistrada le solicitó a la fiscal Verónica Alonso que se expidiera en el marco del artículo 249 para definir si llamar o no a indagatoria.

Más allá de esto, Alonso solicitó realizar una pericia psicológica que se concretará en los próximos días.

Para el abogado que representa la familia, Gustavo Otegui, se trata de una maniobra para “perder tiempo”.

“¿Qué sentido tiene hacerla un año y medio después? Ninguno”, sostuvo ante El Chorrillero.

En total son cuatro los efectivos involucrados: “Hubo incumplimiento de deberes de funcionarios y particularmente abandono de personas”.

“Si sabían que (Franco) era conflictivo con él mismo, que se autolesionaba, tal como dicen, y hubo un intento de autolesión que ponía en peligro su vida no sé porque lo dejaron solo. Ahí está el incumplimiento, el abandono”, agregó.

La versión de la Policía fue que la detención ocurrió por “sospechas de robo” y que llevaba “dos cuchillos entre sus prendas de vestir”. Al momento de comunicar la muerte informaron que fue un suicidio.

Cuando la madre, Sandra Bravo fue a buscarlo los efectivos le dieron la peor noticia: el chico se había quitado la vida con una “remera asida al cuello”.

“Hubieron acciones que se debieron tomar antes, como el secuestro de los teléfonos y las pericias que demoraron un montón, no entiendo por qué. El sumario policial se armó de una manera poco clara con muchos defectos con una perita del Poder Judicial que se tomó atribuciones que no tiene. A Franco no lo llevaron al médico, para constatar su estado”, afirmó Otegui.